El Gobierno chileno reaccionó en medio de críticas por la lentitud en su respuesta al potente sismo del pasado sábado y empezó a enviar asistencia a las castigadas regiones del sur, dio luz verde a la ayuda internacional y reforzó la presencia militar tras los persistentes saqueos.

Dos días después del terremoto de 8,8 grados Richter, muchos municipios del país seguían sin agua potable ni electricidad y los afectados denunciaban que no habían recibido asistencia de las autoridades y los vecinos de algunas localidades incluso tuvieron que organizarse y armarse para protegerse de los saqueadores.

Este lunes comenzó el envío desde Santiago al sur de raciones alimenticias para ser distribuidas en numerosas localidades afectadas, incluida una barcaza con 60 toneladas de alimentos que zarpó para asistir a las poblaciones de la costa afectadas por movimiento telúrico y por el maremoto que le siguió.

También comenzó a llegar al lugar de la tragedia maquinaria pesada para retirar los escombros dejados por el sismo, cuyo último balance oficial de víctimas arrojó un saldo de 723 fallecidos y 19 desaparecidos.

Además, el Gobierno abrió por fin formalmente la puerta a la ayuda mundial, al solicitar hoy a la ONU asistencia concreta para las víctimas.

El embajador de Chile ante la ONU en Ginebra, Carlos Portales, señaló que su país necesita puentes móviles, teléfonos satélites, generadores eléctricos, tiendas de campaña, hospitales, equipos quirúrgicos y centros de diálisis.

Inmediatamente, países como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Panamá comenzaron a movilizar y a enviar equipos médicos, hospitales de campaña o plantas de energía.

En ciudades cono la capital, donde vive un tercio de los 17 millones de chilenos, mucha gente se reintegraba a sus puestos de trabajo tras las vacaciones del verano austral, mientras en otras los vecinos se preparaban para defender sus hogares de las turbas dedicadas al pillaje a la puesta del sol.

El miedo a los daños que podrían provocar nuevas réplicas del terremoto ha sido reemplazado por una creciente sensación de inseguridad por el vandalismo que está protagonizando un sector de la población.

Durante el fin de semana, múltiples localidades sufrieron el caos provocado por saqueos en ciudades como Concepción, Constitución, Talcahuano, Chiguayante, Talca, Hualpén e incluso en algunos municipios de Santiago.

Lo que en principio se justificó por la necesidad de hacerse con productos básicos, como agua y alimentos, se ha convertido en una constante sucesión de actos vandálicos y, tras los supermercados y comercios, le ha tocado el turno a las casas.

Pero lo peor llega en la noche, pese al toque de queda impuesto en las dos regiones más castigadas por la catástrofe, Bío Bío y Maule, situadas a 300 y 500 kilómetros al sur de Santiago, respectivamente.

"Sentimos disparos durante toda la noche, tuvimos que prender fogatas y cuidar nuestras cosas", dijo una pobladora de Chiguayante.

Los vecinos agregaron que la presencia militar y policial en el sector "fue nula" durante la jornada.