Solo el 10% de un total de 1.300.000 usuarios del sistema eléctrico del país consume el 45% de la energía adquirida de las hidroeléctricas. Así sostiene Ernesto Samaniego, profesor universitario y ex director de planificación de la ANDE. El 20% de la cantidad total comprada de Itaipú y Yacyretá se roba con las conexiones clandestinas, que arrojan pérdidas calculadas en 60 millones de dólares al año. El combate al despojo y las pérdidas técnicas en las líneas de transmisión es clave para paliar la actual crisis energética que castiga a la población.

Ernesto Samaniego, profesor universitario y ex director de planificación de la ANDE, dijo que la mitad de la energía adquirida  de las empresas hidroeléctricas (alrededor de 10.000 gigavatios hora) consume apenas el 10 por ciento de los usuarios, que son clientes residenciales. Con que estos disminuyan su demanda –incentivados por el premio– se podrá evitar que empeore el problema energético, por lo menos hasta abril. Cree que de haberse combatido el robo,  no se hubiera pedido a los clientes economizar. Dijo que la crisis acabará en el 2014  cuando concluyan –si se inician dentro de poco– el tendido de la línea de transmisión (500 KV) y la instalación del  transformador en  Itaipú.

El problema de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no es el consumo de energía, según el ingeniero Samaniego, sino  la demanda; es decir, la potencia que se requiere para soportar la carga en las horas  pico.


Ante la realidad de que solo el 10% de los usuarios  (que son los clientes residenciales) consume el 45% de la energía y el resto, el 90% (que son las industrias, comercios, etc.), “restringiendo el consumo en las horas críticas (18:00 a 22:00) se puede disminuir la demanda. Se logrará dando convenientes precios, es decir, establecer efectivamente la tarifación horaria, digo efectivamente, ya que a pesar de estar en el Pliego de Tarifas de la ANDE para algunas categorías, en muy pocos casos se aplica”, afirmó.  

Esta medida afectará  a la proveedora del servicio, porque no podrá facturar, como también a los usuarios (empresarios, comerciantes, etc). “Al propiciar un menor consumo, tomando como referencia el promedio,  lo que se hace es reducir los ingresos de la empresa, y al sancionar el mayor consumo se está perjudicando al usuario. Por ejemplo, una heladería o una carnicería no puede prescindir de sus equipos de refrigeración, y el consumo de estos depende de la temperatura ambiente, ya que los compresores trabajarán más tiempo cuanto mayor es la diferencia térmica entre el exterior y el interior del aparato, tal como está siendo ahora. Es decir, el comerciante saldrá perjudicado, ya que no tiene opción para hacer trabajar menos  su equipo”, señaló.

Según Samaniego, no se habría llegado a este extremo si se combatía el robo que consume el 20% de la energía adquirida. Pero la ANDE debe implementar además la tarifa prepaga, que  en países de la región contribuyó a disminuir la demanda y también  las pérdidas  de energía, dijo.  “Se debe hacer un rebalanceo tarifario, teniendo en cuenta la modalidad de uso (sobre todo la horaria) y el acceso universal al servicio, para lo cual se debe derogar la estrafalaria actual Ley de Tarifa Social y su decreto reglamentario, de dificultosa aplicación, facilitando el beneficio a los más vulnerables de la sociedad y propiciando el uso eficiente de la energía eléctrica”, afirmó.  

En cuanto al origen del problema,  considera que la empresa no realizó ninguna inversión a largo plazo hace una década,  “para dar una imagen de buena gestión prefirió amarrocar (mezquinar) la plata para tener un resultado contable positivo, ya que las pérdidas (técnicas y no técnicas) aumentaron considerablemente así como también la morosidad. Indudablemente, al no hacer las inversiones pertinentes, tuvo ganancia y lógicamente se pagó Impuesto a la Renta; es decir, se prefirió transferir recursos al Gobierno de turno antes que mejorar el servicio”.

Hay un “poder detrás del trono” que ha sido sin duda el confabulador principal para lograr que el sector eléctrico nacional no haya salido del pozo y se vaya hundiendo cada vez más, para transformarnos en un país sin destino, fácilmente manejable por los detentadores de los poderes fácticos. La finalidad de todo, según Samaniego, sería llevar al sector eléctrico a una situación de “no retorno” para la venta de los activos ya que, como se sabe, el sector energético podría ser un “buen negocio” para cierto grupo de poder.

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