La fiscalía está a punto de “blanquear” al ex director de Itaipú Víctor Bernal Garay, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal Sergio Alegre se va a “lavar las manos” en un peritaje amañado de la contadora Graciela Álvarez, quien forma parte del Laboratorio Forense del Ministerio Público.

Álvarez concluyó que Bernal y su esposa, María Elizberth Pleva pueden justificar sus bienes. La perita pretende hacer creer, por ejemplo, que en el 2003, el matrimonio solo gastaba G. 2 millones mensuales.

El “blanqueo” de este presunto grosero hecho de corrupción durante la era Nicanor está por concretarse.

Otro de los escandalosos negociados del gobierno de Duarte Frutos fue la compra de tierras por la SAS para supuestos asentamientos.

Meses antes de irse, Andraschko adquirió inmuebles por más de G. 11.000 millones, en abierta violación de la ley, según la acusación que hizo la entonces fiscala Rocío Vallejos, y que luego fue rectificada por sus colegas René Fernández y Liliana Alcaraz. Estos últimos no estuvieron de acuerdo en el monto de la lesión, que según Vallejos era de G. 11.000 millones.

La causa ahora está a cargo de la fiscala Irma Llano, quien impulsa las diligencias que en su momento solicitaron Alcaraz y Fernández para determinar el monto del daño a la SAS.

Entre las propiedades adquiridas se observa una alevosa sobrefacturación en las 5 fincas individualizadas ubicadas en Itacurubí de la Cordillera. Las propiedades adquiridas de Daniela Ruiz Díaz vda. de Recalde cuentan con 6 hectáreas y el precio pagado fue de G. 348.463.500. La compra del  inmueble fue concretada el  14 de enero de 2008.

Es decir que Andraschko pagó  G. 60 millones por cada hectárea del inmueble.
 
Se espera que ante este hecho tan grosero,  la Fiscalía o sus peritos no digan que el precio que se pagó es el del mercado.

MANIOBRA

Judith Andraschko y su ex funcionario de confianza Rodrigo Lezcano fueron acusados por Rocío Vallejos.   

Se efectuaron todo tipo de maniobras para evitar la audiencia preliminar, que solo se hizo luego de que se consiguió apartar a Vallejo.   

Lezcano contrató como defensor a un abogado que representaba a Vallejos en una demanda que promovieron en su contra en el fuero civil.   

Es evidente la maniobra que se hizo para dilatar y “enfriar” el proceso.