El local denominado comercial Stella Marys pertenece a Graciela Pavón Martínez, e ingresó al IPS a través de un concurso de ofertas realizado en el año 1998. El contrato firmado, con el entonces titular de la previsional Dr. Mario Luján Melgarejo, era por unos cinco años.   
  
En ese entonces, el canon de alquiler que debía ser abonado por la firma era de 12.500.000 guaraníes, pero el mismo sería reajustado anualmente conforme al índice inflacionario del Banco Central del Paraguay.   
  
En abril de 2001, los responsables del local dejaron de abonar el canon al IPS. En febrero de ese año, también dejaron de realizar a la previsional los aportes correspondientes por el personal que trabaja en el lugar.   

Según cálculos realizados por el IPS, hasta mayo del año pasado, la deuda del local asciende a más de 271 millones de guaraníes en aporte obrero patronal.
  
En cuanto al arrendamiento, el cálculo de la institución señala una deuda superior a los 6.300 millones de guaraníes hasta junio del año pasado. Tomando en cuenta la última cuota estimada, la deuda hasta este mes llegaría a 6.600 millones de guaraníes.   

El local está ubicado en el subsuelo del nosocomio, frente al pabellón de urgencias pediátricas y al lado del sector de urgencias adultos; y durante todo el día tiene un constante flujo de clientes.   
  
Según estimaciones, la cantina maneja cerca de 30 empleados y, a menudo, los pacientes se quejan del alto precio que ponen a los productos ofertados. Señalaron que, por ejemplo, un plato de comida sale como mínimo 14.000 guaraníes y un sandwich de verduras se ofrece por 5.000 guaraníes.   

Haciendo un cálculo rápido, se puede estimar que las ventan diarias del local superan ampliamente  los 10 millones de guaraníes.

Resuelven desalojo

El director jurídico del IPS recordó que la institución ya ganó una demanda de desalojo, iniciada en el año 2004, en todas las instancias. Sin embargo, en el 2010 los responsables de la cantina promovieron una acción de inconstitucionalidad que se encontraba en la Corte Suprema de Justicia.   

Según indicó, en la tarde de ayer se produjo la resolución referida,  al tiempo de señalar que el Ministerio Público también se había pronunciado a favor del desalojo. El abogado expresó que además del perjuicio económico que produce el local a la previsional, por la evasión del alquiler y el aporte obrero patronal, el personal que había sido contratado por los responsables del local para trabajos de mantenimiento está hoy procesado por el robo de equipos oftalmológicos ocurrido el año pasado.   

“Tengo entendido que también tiene problemas con la Municipalidad de Asunción  y el INAN (Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición) por falta de cumplimiento de normas sanitarias. Está lucrando de forma irregular e injusta a costa del IPS hace 10 años”, señaló enfáticamente Galeano.

Subrayó que el lugar en el que hoy está ubicada la cantina también representa un riesgo sanitario.

Ante la consulta de nuestro diario, Pavón Martínez se abstuvo de brindar declaraciones y afirmó que podíamos conversar con su abogado César Arce. Intentamos contactar con el profesional vía telefónica, pero no nos atendió.