La Ley 3850/09, que crea el sistema de control técnico de vehículos, no incentiva la compra de rodados nuevos. Ello, porque la norma fue concebida para crear un negocio solo para un grupo de empresas. El comprador de un “0 kilómetro”, si quiere obtener una chapa, debe hacer inspeccionar en los CITV.

La Ley 3850 fue promulgada por el presidente Fernando Lugo el 15 de octubre de 2009 y recién en la segunda semana de febrero comenzarán a operar las empresas adjudicadas por la Dirección Nacional de Transporte. Los “cerebros” de esta norma fueron los senadores liberales Óscar Denis y Luis Wagner.   

¿Con qué frecuencia se deben hacer las inspecciones? 1) Los vehículos del transporte público de pasajeros, de seis años o menos de uso, una vez al año; de seis a trece años, cada seis meses; de más de 13 años, cada cuatro meses; 2) los vehículos particulares y del Estado, una vez al año (independiente de su antigüedad). Así lo establece el artículo 13 de la citada ley.   

Es decir, vehículos “0 kilómetro” del transporte público, automóviles, camionetas, tractores, etc., deben pasar por los Centros de Control Técnico Vehicular (CITV) para que los propietarios obtengan su “habilitación municipal”. Lo curioso es que recién en mayo de 2011 se estableció que las empresas que importan vehículos usados deben cumplir la Ley 3850/09, según la Ley 4333/11. La primera ley no incentiva la compra de vehículos nuevos cuando que se debió dar a los propietarios una gracia de por lo menos dos o tres años. La normativa es supuestamente para reducir la contaminación ambiental y evitar accidentes de tránsito por desperfectos mecánicos.   

Reconocieron errores  

Los legisladores que apoyaron el proyecto, entre ellos los senadores Wagner y Marcelo Duarte, reconocieron los defectos de forma y de fondo de la ley. Sin embargo, igual presionaron para que sea sancionada con el argumento de que mediante otra ley se pueden subsanar los problemas. En todo este tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, y otros diputados, como Ariel Oviedo, no presentaron un proyecto para modificar la Ley 3850/09, tal como habían prometido en la sesión del 8 de setiembre de 2009. Ese día, la Cámara Baja había sancionado la ley.   

El 30 de abril de 2009 los diputados habían rechazado el proyecto aprobado por el Senado en noviembre de 2008. Bogado y otros legisladores cambiaron de opinión ante las críticas de ABC Color. El legislador manifestó que el proyecto de ley tiene una “mala enunciación”. El diputado liberal Elvis Balbuena pidió también que se apruebe el documento a pesar de que reconoció que es una “ley parche”. El diputado Óscar Tuma, en la sesión del 23 de abril de 2009, había pedido más tiempo para estudiar el proyecto porque reconoció que es inconstitucional, ya que crea un “oligopolio” (las mismas empresas que trabajan para Dinatran ahora operarán en todo el país). La Ley 3850/09 prohíbe participar en la licitación a los talleres mecánicos y casas de ventas de repuestos de vehículos. Además, la norma atenta contra la competencia de las municipalidades. El ex oviedista luego cambió de posición (ver suplemento judicial de hoy).   

La Ley 3850/09 estableció que las adjudicaciones realizadas por la Dinatran se hagan mediante Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, cuando debe hacerse mediante la Ley 1618/00, de concesiones de obras y servicios públicos (las concesiones de los CITV deben ser abiertas y no cerradas); es decir, los empresarios solo deben cumplir unas normas para entrar en el mercado del control técnico. El diputado colorado Cándido Aguilera había reconocido que la primera ley es inconstitucional, por eso pidió que se suspendiera el control por “un año”, según pedido de taxistas. Luego cambió de opinión, como todos los demás legisladores, por lo que en febrero comenzarán a operar las firmas  adjudicadas.