Ayala adelantó ayer a nuestro diario que existen varias razones para no adquirir el inmueble que se encuentra en el distrito de Unión, departamento de San Pedro.

Para el funcionario, las tierras no son aptas para el asentamiento de personas, porque una gran extensión, aproximadamente 4.000 hectáreas, corresponde a zonas bajas, según estudios técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Otra argumentación que esgrimirá el funcionario es que varios de quienes reivindicaron la propiedad ya fueron reubicados o volvieron a sus comunidades, porque al parecer fueron traídos a Asunción engañados con falsas promesas.

Según Ayala, la tierra tiene una exagerada sobrevaluación. En el expediente que obra en el INDI consta que hace dos años  fue vendida a Eliodoro Cohene en 1.200 millones de guaraníes. Sin embargo, en una primera tasación realizada por el Ministerio de Obras Públicas, luego de la muestra de  interés de los nativos, avaluó en 62.000 millones de guaraníes. Luego esta misma secretaría de Estado hizo otra tasación en 50.000 millones de guaraníes.

“Debemos buscar otras alternativas más económicas”, dijo el funcionario, quien ayer prometió asistencia a otro grupo de nativos que llegó a la capital para exigir ayuda alimentaria.

Ayala considera que hay otros grupos que hace años claman por tierra y no se puede dejar de lado a los mismos y privilegiar a un sector que hace seis meses dice no tener tierra.

El dirigente indígena Panta Píris manifestó el miércoles que están tratando directamente con el presidente Lugo la compra de la tierra, porque “Ayala está en contra de los derechos indígenas”.

Desde la presentación de este reclamo, políticos como José Pakova Ledesma, autoridades comunales de Unión y el carpero José Rodríguez “mediaron” ante el presidente Lugo para la compra del inmueble, pero al parecer estas gestiones fracasaron.

Por otra parte, otro grupo de nativos proveniente de 30 comunidades de San Pedro y Canindeyú, liderado por Juan Galeano, reclamó ayer al INDI asistencia alimentaria, en el marco de la declaración de emergencia que estableció el Gobierno. Al respecto, Ayala prometió canalizar el reclamo ante los otros ministerios.